POSICIÓN ESPAÑOLA PARA EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CENTROAMÉRICA-UNIÓN EUROPEA

Por Ángeles Sánchez

La firma del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica está entre los logros posibles de la presidencia española. Sin embargo, aún quedan algunos elementos pendientes que habrían de negociar. A diferencia de las negociaciones con el MERCOSUR, las trabas técnicas de las negociaciones no han sido las más importantes, pese a existir. Por el contrario, han sido dos elementos poco usuales los que desembocaron en dos ocasiones en la suspensión (o aplazamiento) de las negociaciones por parte de la UE. En abril de 2009, Nicaragua solicitó un Fondo destinado a la cooperación por valor de 60.000 millones de euros, una cantidad que a los negociadores europeos les pareció excesiva e innegociable. Posteriormente, en junio de 2009, cuando el cierre del Acuerdo parecía próximo tuvo lugar el golpe de Estado en Honduras. La UE se levanta de la mesa de negociación al no reconocer al gobierno de Micheletti.

Pese a estos problemas, las partes han mostrado una gran voluntad en que la firma se produzca en el semestre de la Presidencia española. Sin embargo, no es menos importante que los intereses de cada una de ellas son muy diferentes. Para la Unión Europea el interés está en reforzar su presencia en materia de cooperación (fijada en la estrategia de cooperación regional así como con cada uno de los países para el periodo 2007-2013) y profundizar en las relaciones políticas. En particular, se busca contribuir al refuerzo del proceso de integración, como palanca para el propio desarrollo de estos países pero también para enfrentar el actual proceso de globalización. Los intereses para los países de Centroamérica son principalmente de tipo económico y financiero, y además con claras diferencias para cada uno de ellos, que van desde el interés por los recursos de la cooperación de los países con una menor renta per cápita, hasta los temas más comerciales para el caso de Costa Rica, que ha visto en el Acuerdo la posibilidad de diversificar sus exportaciones y garantizar el acceso al mercado europeo para algunos de sus productos de la industria agroalimentaria.

El fin del mandato de Zelaya el 27 de enero y la toma de posesión del nuevo presidente, Porfirio Lobo, parecen estar ayudando al desbloqueo de la situación a pesar de no haber todavía un reconocimiento por parte de la diplomacia de los países europeos. Este clima menos tenso se ha manifestado en la convocatoria de una nueva ronda de negociación el pasado 22 de febrero en Bruselas que podría facilitar que la firma del Acuerdo se diera bajo la Presidencia española, trabajando en el desbloqueo de los temas más sensibles en materia comercial (resolviendo cuestiones técnicas en cuanto a las reglas de origen o las denominaciones regionales, principalmente de los lácteos), en materia de cooperación, con la aprobación de un monto realista y asumible por la UE, y muy particularmente en materia de diálogo político, donde hay un acercamiento en los temas más complejos, en particular en relación a las instituciones ligadas al proceso de integración de la UE, tema sensible particularmente para Costa Rica, que no participa de ellas. Particularmente se pacta con Honduras compromisos de democratización del país y se asume este gobierno como de “transición” a la democracia.

España tiene la oportunidad de avanzar en las negociaciones para facilitar la firma del primer Acuerdo de región a región, introduciendo además otros elementos que permitan crear un puente hacia los denominados acuerdos de 5ª generación. Para ello habría que incluir en este acuerdo, o al menos en el debate, instrumentos para la cohesión económica y social. En particular, es importante la inclusión de cláusulas relativas al trato preferencial y diferenciado, la exclusión de sectores sensibles de la economía, fondos compensatorios y la salvaguarda de la autonomía estatal. Ello debiera estar respaldado por recursos financieros articulados en un fondo de solidaridad bi-regional, que, tal como ha sido propuesto por el Parlamento Europeo, permita atenuar los costos de los cambios necesarios para el desarrollo, promueva la equidad social y la transformación productiva. Pero además la presidencia española, acorde con su compromiso progresista de defensa de los derechos económicos y sociales, debe facilitar la participación de la sociedad civil en este proceso incluyendo cuotas de participación en las negociaciones de los Acuerdos de Asociación (¿de 5ª generación?), que hasta el momento se dan tan sólo de informalmente. Todo ello permitiría mejorar la transparencia en el proceso negociador y un reparto más equitativo de los costes y beneficios de la firma de los Acuerdos de Asociación.

Para ver este tema con más profundidad se puede consultar el Memorando OPEX Nº 134/2010 Posición española para el Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea (Ángeles Sánchez y Kattya Cascante).

Ángeles Sánchez Díez, economista y coordinadora del área de América Latina del Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas.

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