PRIORIDADES EN SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA (I)

Rafael Moreno Izquierdo

Las perspectivas en materia de Seguridad y Defensa de la Presidencia española de la Unión Europea durante el primer semestre de 2010 están marcadas, como no puede ser de otra manera, por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una oportunidad única para impulsar iniciativas y mejoras que permitan avanzar en la construcción de una Europa de la Defensa. En un principio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y su ministra de Defensa, Carme Chacón, pusieron muchas esperanzas en los logros prácticos que pudieran obtenerse en esta materia y así se entiende que decidieran nombrar en agosto de 2008 al teniente general Félix Sanz Roldán, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, como alto representante para este área, algo sin muchos precedentes. Sin embargo, escasamente un año después, Defensa recurrió a él para dirigir la reorganización del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –a pesar de su escaso conocimiento en materia de inteligencia- y optó por dejar descabezado el esfuerzo al no nombrar a un sustituto que, por lo menos, sirviera de referente visible en la coordinación y cumplimiento del plan de trabajo. Los portavoces del Ministerio explicaron entonces que no era necesario porque lo fundamental estaba ya definido y encauzado. Según algunos de sus asesores más estrechos, Chacón está decidida a que los primeros seis meses del año que vienen estén marcados en su terreno por iniciativas concretas e innovadoras. Su objetivo, recuerdan, es que la Presidencia española no sea de mera transición sino una aportación valiente y práctica de ideas y pasos adelante hacia una verdadera Seguridad y Defensa de la Unión Europea.

En este sentido, el plan de trabajo esbozado por España, en colaboración con Bélgica y Hungría, incluye cuatro grandes ejes: Primero: la puesta en marcha de incipientes instituciones como, por ejemplo, el Consejo de Ministros de Defensa; Segundo: hacer realidad un aumento de las capacidades de despliegue militar de la UE a través de la utilización real de los Grupos de Combate (Battle Groups), unidades militares conjuntas combinadas, constituidas hace tiempo pero nunca usadas; Tercero: la consolidación de capacidades operativas estratégicas de la UE especialmente en el terreno del transporte aéreo; y la Cuarta, se refiere a la profundización de la cooperación en la gestión de crisis mundiales con otros actores internacionales, desde la OTAN hasta Estados Unidos, pasando por la Unión Africana.

Arquitectura institucional

En referencia al desarrollo institucional de la política común de Seguridad y Defensa, España empezará pronto. Ya ha convocado para el mes de febrero en las islas Baleares, una reunión de “altos representantes” de los Ministros de Defensa de los 28 países miembros de la UE con el objetivo de empezar a hablar de la constitución de un Consejo de Ministros de Defensa independiente y autónomo. Actualmente, se reúnen siempre con los de Exteriores (CAGRE). No está garantizado que se apruebe durante el mandato español pero, por lo menos, se plantarán las bases para su creación.

La Presidencia española también tendrá la oportunidad de activar la llamada Cooperación Estructurada Permanente (CEP), prevista y regulada por los artículos 42.6º y 46 del TUE y el Protocolo específico, articulanda en torno a lo que se denominada “grupos pioneros”, países que quieran avanzar más rápidamente de forma voluntaria en la “armonización” de sus políticas y capacidades militares. Se habla de constituir unidades militares especiales entre estos países partiendo de los “Grupos de Combate” y constituyendo, así, un grupo “especialmente activo” en el desarrollo de una política europea común para ir más rápido. Algunos países ven con recelo estas propuestas, defendidas por París o Berlín, entre otros, por estimar que se crearían “dos velocidades” de integración en un tema (el militar) donde todavía no hay un consenso amplio.

Battle Groups

En el terreno de los “Grupos de Combate”, idea impulsada por Madrid allá por 2002 y que se constituyeron en 2007 aunque nunca se han utilizado, España tiene como objetivo lograr hacerlos “verdaderamente operativos”, a través de lo que Chacón –que marca este asunto como prioritario- ha definido como “flexibilización” en su utilización, planeamiento, cadena de mando y empleo. Oficialmente, “incrementar el empleo y la eficacia” de estas unidades militares. Sin embargo, no está muy claro cómo se pondrá en práctica. Fuentes españolas han lanzado la idea de crear una fuerza conjunta de respuesta rápida más reducida que salga de ellos y cuya activación no requiera todo el proceso formal de la UE. Es previsible, además, que se proponga la creación de una dotación financiera común para las operaciones PESD, dando respuesta a una de las preocupaciones actuales al ser responsabilidad de la nación que le toca liderarlos sufragar sus cuantiosos costes. Varias son las ideas que hay sobre la mesa, la mayoría similares a las que utiliza la ONU para sus “cascos azules”, y lo más previsibles es que la Unión Europea opte por una fijación para cada Estado de una cuota de participación en base al PIB, independientemente o no de que participe con medios militares o civiles a esa misión. Sería su contribución, al menos financiera, a la seguridad global, reconocen la mayoría.

Rafael Moreno Izquierdo es profesor de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid.

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